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AMÉRICA LATINA
Notas breves
26/09/2017
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Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay

Ocho jóvenes, algunas adolescentes, fueron detenidas en agosto tras ser denunciadas por personal de salud en Bolivia de haberse practicado abortos, manifestó el 5 de setiembre la ministra de Salud, Ariana Campero. El aborto es ilegal en Bolivia salvo en casos de que la vida de la mujer esté en peligro, o el embarazo sea producto de una violación. La mujer que se someta a un aborto puede ser condenada entre uno y tres años de cárcel. Campero reclamó a los médicos que también cumplan con la Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. “Todos los días llegan a los centros de salud mujeres con signos de violencia física, sexual y psicológica”, cuestionó la ministra, “¿cuántos de esos médicos que denunciaron a estas muchachas, que hoy están presas, reportaron también a los hombres que crearon violencia de género? ¿Vamos a cumplir algunas normas y otras no?” En Bolivia el aborto representa el 13% de las muertes maternas y es la tercera causa de decesos en el país, según cifras oficiales.

El exministro Geddel Vieira Lima, estrecho colaborador del presidente de Brasil Michel Temer, fue encarcelado el 8 de setiembre en Brasilia luego que la Policía Federal hallara más de US$16 millones en efectivo ocultos en maletas y cajas en su departamento. Desde julio, Vieira Lima se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en Salvador, estado de Bahia, acusado de obstruir las investigaciones judiciales sobre una trama corrupta dentro de la Caixa Econômica Federal donde participó entre el 2011 y el 2013. Hasta noviembre del 2016 Vieira Lima se desempeñó como ministro de la Secretaría de Gobierno del gabinete de Temer, pero fue obligado a renunciar bajo acusaciones de que habría incurrido en el delito de tráfico de influencias. Además, es sospechoso de haber recibido unos $6.4 millones en sobornos. La operación Tesoro Perdido, que llevó a la incautación del dinero, forma parte del caso Cui Bono, que investiga fraudes en créditos otorgados por la Caixa a altos funcionarios y empresarios.

En una votación considerada histórica, 411 indígenas rapanui aprobaron el 3 de setiembre la creación de un área marina protegida de 720,000 m² alrededor de la Isla de Pascua, territorio chileno ubicado en la Polinesia, a 3,700 km de la costa de Chile. La presidenta Michelle Bachelet anunció la creación de la reserva en octubre del 2015, pero supeditó la decisión a la votación de los habitantes originarios de la isla donde habitan unas 3,000 personas. Es la primera vez que en Chile se lleva a cabo una consulta indígena sobre la protección de un área marina. Según la organización ecologista The Pew Charitable Trusts, el principal problema de los rapanui es la pesca ilegal. Barcos piratas de China, Japón y Europa ingresan a las aguas de la isla para capturar atunes, peces espada y tiburones. El dirigente rapanui Poky Lane Hanoa saludó la creación de la reserva señalando que “como pueblo seguimos gritando: No a la pesca ilegal, no a la pesca industrial, no a la minería”.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el 4 de setiembre un cese al fuego y de hostilidades entre su gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El acuerdo se alcanzó en la mesa de diálogo de paz que se lleva a cabo desde febrero último en Quito Ecuador. La tregua se iniciará el 1 de octubre y tendrá una duración de 102 días, hasta el 12 de enero del 2018. El pacto se produjo exactamente cinco años después de la firma del acuerdo marco con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que llevó a la paz con esa organización guerrillera. A fines de agosto, las FARC realizaron su congreso fundacional para empezar a actuar como fuerza política legal luego de concluir su desarme el 15 de agosto. Unos 1,200 delegados definieron estatutos, plataforma y programa del nuevo partido que tendrá las mismas siglas bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con una rosa como símbolo.

El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó el 9 de setiembre su renuncia indeclinable al cargo tras un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales para gastos personales. El Tribunal de Conducta Política de su partido, el izquierdista Frente Amplio, le había pedido explicaciones sobre el uso de las tarjetas cuando era miembro del directorio de la petrolera estatal ANCAP entre el 2005 y el 2016. El tribunal consideró que “no deja dudas de un proceder inaceptable en el uso de dineros públicos” y que “compromete su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control”. Sendic consideró el fallo “desproporcionado” e “infundado” y que no hay pruebas de que hubiera cometido irregularidades. Sendic, de 55 años, fue reemplazado en la vicepresidencia por Lucía Topolanski, exlegisladora y dirigente del Frente Amplio, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a ese cargo.


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